Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y desde la Asociación Íntegro queremos sumarnos a la conmemoración reivindicando la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
¿Qué es la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad?
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad es un tratado internacional en el que se recogen los derechos de las personas con discapacidad así como las obligaciones de los Estados Miembros en la Convención de promover, proteger y asegurar esos derechos. En la Convención se establecen también dos mecanismos de aplicación: el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, encargado de supervisar la aplicación de la Convención y la Conferencia de los Estados Partes, encargada de examinar cuestiones relacionadas con la aplicación de la Convención.
Los Estados negociaron la Convención con la participación de organización de la sociedad civil, instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones intergubernamentales. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención el 13 de diciembre de 2006, y se abrió a la firma el 30 de marzo de 2007.
El Reino de España firmó y ratificó esta Convención, y su Protocolo facultativo, por lo que desde lo pasado 3 de mayo de 2008 este cuerpo normativo internacional forma parte del ordenamiento jurídico español.
Los Estados que ratifiquen la Convención estarán jurídicamente vinculados a respetar las disposiciones que en ella se recogen. Para los demás Estados, la Convención constituye una norma internacional que deben esforzarse por respetar.
¿Qué es el Protocolo Facultativo de la Convención?
El Protocolo Facultativo es también un tratado internacional. En él se establecen dos procedimientos con la finalidad de reforzar la aplicación y supervisión de la Convención. El primero es un procedimiento individual de comunicación que permite a las personas presentar peticiones ante el Comité alegando violaciones de sus derechos; el segundo es un procedimiento de investigación que faculta al Comité para realizar investigaciones de violaciones graves o sistemáticas de la Convención.
¿Qué otros instrumentos internacionales reconocen los derechos de las personas con discapacidad?
En las últimas décadas los Estados aprobaron instrumentos específicos para proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad. Entre los más importantes cabe destacar:
– La Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad (1995);
– El Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad (1981);
– Los Principios para la protección de los enfermos mentales y para la mejora de la atención de la salud mental (1991);
– Las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (1993).
Aunque las directrices, declaraciones, principios, resoluciones y otros documentos no son jurídicamente vinculantes, expresan un compromiso moral y político de los Estados y pueden servir como directriz para la promulgación de legislación o el planteamiento de políticas en relación con las personas con discapacidad.
Es importante señalar que algunas de las disposiciones de los Principios para la protección de los enfermos mentales y para la mejora de la atención de la salud mental recibieron críticas y que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad prevalece sobre esas normas en caso de existir algún conflicto entre ambos instrumentos.
¿Por qué es única la Convención?
La Convención es el primer instrumento de derechos humanos del siglo XXI y el primer instrumento legalmente vinculante que protege de manera general los derechos de las personas con discapacidad. Aunque en la Convención no se recogen derechos humanos nuevos, se establecen en ella con mucha mayor claridad las obligaciones de los Estados de promover, proteger y asegurar los derechos de las personas con discapacidad. Así pues, la Convención no sólo aclara que los Estados no deben discriminar a las personas con discapacidad, sino que también establece las numerosas medidas que los Estados deben adoptar el fin de crear un entorno que permita que las personas con discapacidad disfruten de verdadera igualdad en la sociedad. Por ejemplo, la Convención requiere que los Estados adopten medidas para asegurar la accesibilidad del entorno físico y de la tecnología de la información y las comunicaciones. Asimismo, los Estados están obligados a lograr que haya mayor conciencia, promover el acceso a la justicia, asegurar la movilidad personal y recopilar datos desglosados en relación con la Convención. De esta forma, la Convención profundiza mucho más que otros tratados de derechos humanos en la determinación de las medidas que los Estados deben adoptar el fin de impedir la discriminación y lograr la igualdad para todos.